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·         Violencia, riesgo e impunidad vs defensoras de DH una constante en nuestro país: RNDDHM

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez junto a Jass y Consorcio Oaxaca, forma parte del grupo impulsor de la Red Nacional

 

2 de abril de 2014.

En el marco del 150 periodo de sesiones  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México participó en la Audiencia "Retos y desafíos para la protección de las mujeres contra la violencia a 20 años de la Convención de Belém do Pará[1]" la cual se llevó a cabo el pasado 27 de marzo de 2014 en la ciudad de Washington.

Dicha audiencia fue solicitada por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras); la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México; la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de El Salvador; la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA); la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C; Asociadas por lo Justo (JASS por sus siglas en inglés);  la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo(AWID por sus siglas en inglés); el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y Amnistía Internacional, para informar a la CIDH sobre la situación de violencia, riesgo e impunidad que viven las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica.

 

La información fue presentada a la Presidenta de la Comisión Interamericana, Comisionada Tracy Robinson; a la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rose-Marie Antoine; a la Secretaria Ejecutiva Adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed; al Relator para México, James Cavallaro y a Rosa Celorio de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres.

En la  audiencia se manifestó la preocupación y la necesidad urgente de un análisis de género sobre la situación de las defensoras de derechos humanos, que permita reconocer los riesgos y las formas de violencia específica que enfrentamos las defensoras en todos los países de la región, aunado a la ausencia de respuesta por parte de los Estados para prevenir agresiones y proteger a las defensoras y mujeres periodistas.

 

En la audiencia  se destacó que actualmente los Estados no cuentan con sistemas de registro que desagregue por sexo y etnia la situación de personas defensoras por lo que somos las redes y las organizaciones de la sociedad civil y en particular desde las organizaciones de derechos humanos de las mujeres quienes estamos documentando dichas agresiones. Sin embargo, si bien nuestros estudios permiten hacer visible esta grave problemática, la falta de datos oficiales y los obstáculos que enfrentan las defensoras para denunciar genera un considerable subregistro.

Pese a ello, resulta invaluable la labor que la IM-Defensoras y las Redes Nacionales de México, El Salvador, Honduras y Guatemala realizaron en el Diagnóstico 2012 “Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica", a través del cual se documentaron 414 agresiones contra defensoras en Mesoamérica, 118 de las cuales fueron perpetradas en México, lo que representó el 28.5%.

A nivel regional, los tres principales tipos de agresiones que registramos contra las defensoras y mujeres periodistas son: amenazas, advertencias y ultimátum (14.3%), intimidaciones u hostigamiento psicológico (10.1%) y uso excesivo de la fuerza (10.1 %). Si bien estos tipos de agresiones son también enfrentados por nuestros colegas varones, si hacemos un análisis de género de las mismas, encontramos que tienen características e impactos diferentes que requieren de atención y mecanismos de protección especial.

En el caso de México, en dicha audiencia fue presentado ante la Comisión Interamericana el caso de la defensora Ana Karen López Quintana, presidenta de la Organización Tamaulipas Diversidad Vidha Trans y quien desde 2005 defiende y promueve los derechos de las personas con VIH. A lo largo de su labor en la defensa de los derechos de personas que viven con VIH, la defensora ha sufrido amenazas de muerte, hostigamiento y campañas de difamación y desprestigio en los medios de comunicación, los cuales muchas veces han desconocido su palabra y puesto en entredicho su labor como defensora, haciendo uso de alusiones a su vida privada, relaciones afectivas, o a su preferencia sexual. De esta forma, agresiones como las documentadas contra la defensora Ana Karen evidencian que a 20 años de la Convención Belém do Pará subsisten muchos retos para lograr el objetivo de erradicar la violencia contra la mujer.

Ante ello, las redes y organizaciones presentes en dicha audiencia hicimos diversas recomendaciones entre las que destacan

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  haga un llamado constante a los Estados para que aseguren la incorporación de un análisis de género en sus informes relativos a la situación de personas defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas para que brinden información desagregada por género y etnia como mínimo.

Que los Estados, en el marco de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, deben hacer visible la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas, atendiendo y documentando las agresiones contra las defensoras y registrando las especificidades de estas mismas agresiones.

Que se haga un llamado a reforzar el reconocimiento público del valor, la legitimidad y la relevancia fundamental del trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos y mujeres periodistas y su diversidad, por parte de las autoridades, tanto en el ámbito local como en el nacional, regional e internaciona.

El desarrollo de políticas de protección integral a defensoras y defensores de derechos humanos deber ser una prioridad para los países de las Américas, así como el abordaje integral de la violencia contra las mujeres para deconstruir las relaciones patriarcales.

En la audiencia estuvieron presentes las defensoras: Liliana Tojo (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional); Marusia López (Asociadas por lo Justo); Atziri Avila (Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México); Yesica Trinidad (Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras); Ana Cisneros (Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en El Salvador); Daniela Fonkats (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo); Nancy Tapias (Amnistía Internacional); Marcia Aguiluz (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) y María Gabriela Filoni (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres).

En el caso de México, en reiteradas ocasiones defensoras y organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación por la falta de perspectiva de género en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que se ve reflejado en la ausenciade mecanismos de reparación diferenciados; prácticas que fomentan la re-victimización de las víctimas; prácticas que minimizan el riesgo en el que se encuentran las defensoras; la ausencia de la participación de las defensoras beneficiarias en el diseño de las medidas de protección; la ausencia de perspectiva de género en los análisis de riesgo; entre otras deficiencias que lo convierten en un mecanismo androcéntrico que no diferencia los tipos de agresión, el impacto y las consecuencias específicas en el caso de mujeres defensoras, lo que hace que no satisfaga las necesidades de las defensoras.

 

 

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Foro: "Seguimiento a los Programas y Mecanismos Institucionales"

“Hay deberes concretos del gobierno para prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño”, indicó la abogada y activista Andrea Medina durante el foro Seguimiento a los Programas y Mecanismos Institucionales, Impulsado por el Movimiento de Mujeres en Juárez.

Éste se llevó a cabo a fin de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Ahí participaron organizaciones integrantes de la Red Mesa de Mujeres y de otras organizaciones del Estado de Chihuahua.

Entre las demandas que durante el evento las líderes hicieron a  la FEVIMTRA, fueron la instalación de mesas de revisión de expedientes, así como la ampliación del personal para la Fiscalía en Juárez, entre otras cosas.

Éstas peticiones, “se harán llegar a México”, indicó Nelly Montealegre, representante de la FEVIMTRA.

Por su parte, Andrea Medina, aclaró que el gobierno está obligado a que los empleos, incluyendo las empresas maquiladoras respeten  los derechos humanos de las mujeres.

“La violencia contra las mujeres es una violación con fondo de discriminación”, mencionó.

 

Dijo que prevenir, implica cambiar leyes a otras más efectivas y aplicables; asimismo, señaló que las denuncias deben realizarse de manera inmediata, pero de la misma forma se debe actuar.

“Se tienen que garantizar todas las pruebas de manera rápida, y las sanciones que resulten de la investigación, deben ser ejemplares, no puede ser la sanción mínima porque se busca cambiar las relaciones sociales”.

La activista indicó que en 1993 apenas se nombraba la violencia contra las mujeres, en Juárez,  pues fue entonces cuando  se empezó a documentar asesinatos de mujeres.

“Ustedes han abierto camino no sólo para Juárez sino para todo el mundo, ustedes ayudaron a conceptualizar lo que no tenía nombre”, indicó a las líderes de organizaciones.

“Ustedes nos ayudaron a decir: hay mujeres desaparecidas, ustedes fueron las primeras en exigir, ya habían impulsado, fueron pioneras en plantear centros de justicia para atender a las mujeres y sus familiares”, expuso.

El foro se dividió en tres mesas de trabajo: “Balance sobre las acciones del gobierno federal para atender y prevenir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez”; “La implementación del Programa integral de la ley del derecho  de las mujeres a una vida libre de violencia en Chihuahua” y “Perspectivas sobre la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres en Ciudad Juárez”.

En la primera, Cecilia Espinosa, integrante de la Red Mesa de Mujeres, dio a conocer que en el 2011 fueron 11 casos de mujeres desaparecidas, y en 2012 se declinaron los expedientes por no contar con evidencias del delito de delincuencia organizada.

“El hallazgo de restos óseos desde el 2011, en el valle de Juárez y específicamente en enero y febrero 2012 se han identificado en al menos 3 casos en los que coadyuvaron la evidencia de la comisión delictiva de una red de trata de personas de manera organizada donde han sido señalados al menos 12 personas”, dijo.

Esto, señaló, “lo vemos como retrocesos dentro de las acciones que realiza la FEVIMTRA, pues ésta cuenta con solo dos ministerios públicos y 6 agentes federales de investigación”.

Santiago González Reyes, del área de defensa de  la Red Mesa, indicó que la seguridad ciudadana no es una simple extensión ni cobertura más amplia, sino que es necesario abordarse desde perspectiva de género.

“Y Cómo lograrlo? Estamos en tiempo, se requieren acciones”, dijo.

En el foro participaron, Rafael Flores Servín, Subdirector de Prevención Social de Seguridad Pública del Municipio; Graciela Ramos, coordinadora de Mujeres por México en Chihuahua; María Elena Ramos, coordinadora de Programa Compañeros; Cecilia Espinosa, coordinadora de documentación de la Red Mesa; Nelly Montealegre, representante de la FEVIMTRA; Lidia Cordero, coordinadora de Prevención de Crisis de Casa Amiga; Rosa María Sàenz, Consejera de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Santiago González, asesor jurídico de la Red; y Olga Esparza, fundadora del grupo Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas.

 

 
 
 
 
 

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Jurez